Sobre el indulto

No han sido condenados los acusados por el golpe de Estado en Cataluña y ya se está hablando en prensa de su indulto. Todo un despropósito.

En primer lugar debemos recordar que la Constitución prohíbe los indultos generales (artículo 62.i). Ello es debido a que en el pasado este mecanismo se utilizaba abusivamente por gobiernos precarios buscando legitimarse en el poder frente a rebeldes e insurgentes que pretendían derribarles en busca de una falsa paz. “La democracia no ha de pagar ningún precio”.

 

En segundo lugar, debemos recordar que la actual ley de indulto vigente data de 1870 y ha sido muy criticada. En ocasiones su uso se ha considerado una intromisión del ejecutivo en el poder judicial. La generosidad de esta ley, consecuencia de la Constitución de 1868, establece tres condiciones lógicas, a saber: primero, que haya una condena penal; lógicamente, sin pena, no procede el indulto. En segundo, que el reo no se haya sustraído a la acción de la Justicia. La tercera condición es que el indulto no redunde en perjuicio de tercero.

 

En el desvarío de pretender el indulto, incluso se habla de proceder antes de la sentencia. Debemos recordar que España se rige por el principio de legalidad (artículo 124.2 CE) que muchas veces y de forma errónea ha sido considerado opuesto al principio de oportunidad. El juicio contra los golpistas no es inoportuno, y no ha de ser hurtado al pueblo.

 

Además, debemos considerar que España es el único país del mundo donde la acción de la Justicia es pública, lo que está reconocido por la Constitución (artículo 125). Si hay acusación, que la hay, pública, y además popular, hay acusado y tiene que haber juicio.

 

Y si hay juicio, habrá sentencia. Si ésta, muy previsiblemente, sea condenatoria, entonces ya procederá debatir sobre sí se concede o no el indulto. En mi opinión, no procedería, y ello por lo siguiente:

 

En 2003, el gobierno del PP reformó el Código Penal para el cumplimiento íntegro de las penas ante la burla de los terroristas y otros criminales que no hubiesen satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito. Resultaría incongruente ante delito de malversación de caudales públicos, por los que acusa la abogacía del Estado, no se satisficiera el quebranto económico que ha supuesto el golpe de Estado del 1 de Octubre de 2017, máxime cuando al condenado Artur Mas se le ha exigido su pago.

 

No debemos olvidar otras consideraciones de índole político: la falta de legitimidad de un gobierno que no ha surgido de las urnas, que ha accedido al poder de forma viciada y fraudulenta, y en una situación muy precaria con numerosos ministros obligados a dimitir, y con fuerte contestación social en las calles. Más prudente sería demorar esta medida a estudiar por un gobierno surgido tras las elecciones necesarias sometiendo esta cuestión al veredicto de las urnas. Nunca un gobierno ha gozado de menos legitimidad y ha sido más cuestionado.

 

 

Finalmente, sería el Rey quien habría de firmar el indulto. Alfonso XIII cometió el error de asumir y ser cómplice de la dictadura de Primo de Rivera y lo pagó con el exilio; si Felipe VI cometiera ese error, la derecha le daría la espalda, y dado que la izquierda se ha propuesto acabar con la monarquía, podría seguir los pasos de su tatarabuelo.  En las circunstancias actuales, el Rey podría negarse a firmar el indulto. El gobierno felón habría creando un conflicto con la Justicia, con la jefatura del Estado,  con las Cortes (el PP tiene mayoría en el Senado), y con el pueblo que empieza a perder la paciencia.

 

Tejero y Armada cumplieron treinta años de cárcel. Y los generales franceses que se sublevaron en Argel frente a De Gaulle en 1961 no fueron rehabilitados hasta 1982, un año y medio después de acceder al poder Mitterrand.

 

Por último, para quienes aún tengan algún género de duda sobre si estamos o no ante un golpe de estado, debemos recordar que estamos en el siglo XXI, no en el XIX. Los golpes de estado actualmente no acontecen por un militar con bigote y preferentemente con tricornio montado sobre un caballo que hace un “pronunciamiento”. Actualmente se recurre a los medios de comunicación y redes sociales manipulando, fabricando una conspiración.