Empieza el juicio contra los golpistas.

Empieza el juicio contra los golpistas. En democracia las formas son muy importantes; y en derecho, más. Con frecuencia se confunden las formas con el formalismo, y el formalismo con la formalidad. No en vano sufrimos una Justicia asfixiada por los formalismos y muy poco formal, sobre todo en lo referente a los tiempos: las dilaciones, indebidas o no, son algo habitual.

Dilaciones son debidas en parte a que las partes se alejan del objeto del proceso porque persiguen otros fines. Por ello el juez debe cortar toda intervención no pertinente; es más arte que ciencia: ni puede ser demasiado intrusivo que rompa a línea argumental de la parte, ni debe dejar que ésta se explaye hasta el extremo de aburrir. Además, el juez debe tener en cuenta que lo que sea suficiente para él, tal vez no lo sea en una instancia superior; en este particular merece destacarse el uso de lenguas vernáculas.

Pero fundamentalmente, de lo que se trata es de centrar el debate en el objeto del proceso de forma que no se pierda el tiempo en lo superfluo ni se desvíe a cuestiones accesorias. Éstas han sido previamente tratadas a la apertura del juicio en su fase oral, por lo que resueltas, no procede su reiteración salvo que se trate del mero anuncio de un recurso basado en una vulneración que vicie irremediablemente el proceso. Por último, no debemos olvidar que lo que es objeto de un proceso son hechos, y lo que se debate es la valoración de tales hechos, no derecho; el derecho lo pone o debe poner el Tribunal, y raramente necesita de argumentario técnico que no sirve sino para aburrir. En términos técnicos es el principio de “iura novit curia”.

Por todo ello se me antoja que no se están guardando las formas, y por el contrario, el formalismo y hasta un exceso de consideración hacia los acusados de rebelión contra España, nos está desvirtuando el juicio. No van a faltar intentos de convertirlo en un mitin político aprovechando los turnos de palabra y la excesiva tolerancia del Presidente de Sala; y ha empezado muy mal el Ministerio Fiscal con argumentos teóricos y valoraciones que no proceden en esta fase el juicio oral –declaraciones de acusados – como poniendo la venda antes que la herida, y dando pie a un debate de todo punto innecesario.

Paralelamente se ha hecho un gran despliegue que no ha resultado del todo satisfactorio: se han permitido actos hostiles frente a la sede del Tribunal, y en Cataluña ha habido incidentes varios de gran importancia con la complicidad del ejecutivo. Y la transmisión en directo por el propio Tribunal ha empezado con retraso teniendo que recurrir a medios privados.

Hace tiempo que las necesidades desbordaron la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no tenía previsión para ellas. Con dificultad, en las sedes judiciales se improvisaron biombos para no confrontar a las víctimas con sus agresores, se fueron incorporando medios técnicos como micrófonos, cámaras y sistemas de grabación. Pero en otras cuestiones seguimos arrastrando las inercias de una cultura judicial muy deficiente consecuencia del corporativismo, la corrupción política (que es precisamente lo que se está juzgando), y la falta de formación jurídica (no confundamos lo jurídico con lo judicial) de una sociedad cuyo grado de instrucción y cultura resulta preocupante.

Y resulta que uno de los lamentos más habituales respecto a la vida pública es en lo referente a la corrupción política. Independientemente de la medidas preventivas, una vez ocurrido el delito, ¿qué medidas hay frente a la corrupción?; ¿cómo se ha de abordar? Pues con la Justicia; y sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. En España no nos acordamos de la Justicia ni cuando truena, y constituye una de las principales asignaturas pendientes de nuestra democracia.

Desde la Transición hasta hoy se ha asistido a un proceso de desestructuración y erosión de toda la Justicia, tanto de los escalones básicos como en los más elevados. Los de arriba, por politización; los de abajo, por desinterés, olvido y abandono. Y afecta a nuestras vidas: la inseguridad jurídica provoca que se prefiera tener un piso cerrado antes que ofrecerlo en alquiler, dada la dificultad ante el supuesto de impago de las rentas que el problema sea resuelto en tiempo razonable y que no suponga no ya una pérdida económica considerable, sino incluso un serio disgusto y la salud de su propietario. Ello repercute en los precios de los alquileres, las fianzas para los contratos, y hasta el de la vivienda en propiedad. Y de forma análoga, en otros ámbitos.

Los mitos y conceptos erróneos que se arrastran en materia de Justicia son muy abundantes. Y el conocimiento real, muy bajo, incluso para los propios profesionales: hay jueces de primera instancia que ni siquiera saben qué acontece en un juzgado de paz de su propio partido judicial de los que ellos son responsables. Y lo que es peor: no lo quieren saber. La abogacía no queda precisamente mejor: los colegios profesionales son organizaciones gremiales que recuerdan a los de los taxistas y sus presidentes, a los de casino de pueblo de provincias en la era franquista, que están para satisfacer su ego y, si pueden, barrer clientes hacia su despacho. La abogacía igualmente está sumida en el desorden; desorden interesado por intereses mezquinos. Y mientras, los políticos, carentes de información y de formación, – por muy licenciados en derecho que sean algunos, – no se abordan las reformas necesarias.

La batalla de la propaganda, que no información, ha comenzado. Todo vale; el juicio más importante de nuestra historia reciente convertido en un mitin donde unos togados intentan lucirse para que otros no menos politizados e igualmente poco ortodoxos hagan de caja de resonancia distorsionando el proceso. Y finalmente, con una dilación indebida a los españoles, el Tribunal dictará sentencia intentando cumplir con unos, pero olvidándose de otros: el pueblo al que sirven y les paga el sueldo.

Cervantino.