Decálogo

Decálogo

Hay que desalojar a Sánchez del Gobierno en el plazo más breve posible forzando elecciones anticipadas. Para ello, la presión en la calle ha de ser constante.

Con un nuevo Gobierno, se debe llevar a Pedro Sánchez ante la Justicia por delito de traición. Si sale absuelto por insuficiencia del Código Penal, éste debe reformarse. Si lo es por corrupción judicial, los magistrados del Supremo deben ser apartados. No debe volverse a repetir esta situación, y para ello es necesario acabar con la impunidad.

El PSOE ha sido cómplice de un golpe de estado y su mercancía averiada debe desterrarse y ser contestada frontalmente sin ningún complejo. La moción de censura de Sánchez, pese a su apariencia formal dentro de la Constitución, en el fondo es un golpe de Estado.

El juicio contra los golpistas de Cataluña se ha de celebrar y ha de caerles todo el peso de la ley. Oposición radical a cualquier indulto. No permitir muestras de apoyo a los golpistas en la calle.

Se ha de evitar el juicio paralelo que hará La Sexta y otros medios al estilo causa de las niñas de Alcácer; incluso VOX que ejerce la acusación popular debe evitar convertir el juicio en un mitin. Es el derecho el que ha de primar en sede judicial y no la política.

En el presente momento no proceden reformas constitucionales por falta de consenso. Procede defender la Constitución de la constante erosión y cuestionamiento de sus enemigos.

En Cataluña la aplicación del artículo 155 de la Constitución es inevitable. Y no debe ser un 155 simplemente para deponer a los golpistas, sino que el objetivo es el restablecimiento del orden público, a saber, el orden constitucional. Para ello es necesario desmontar todos sus instrumentos: la TV3, sus “embajadas” y su administración paralela al servicio del secesionismo, la involución y la corrupción. Y es una labor larga, de años.

No es suficiente el mecanismo del 155; los ayuntamientos son foco de subversión y no deben quedarse al margen. El Gobierno disolvió el ayuntamiento de Marbella (Málaga), que sirve de precedente, y de igual modo se debe proceder con corporaciones corruptas. No es descartable el Estado de Excepción, siempre dentro la legalidad y con control parlamentario.

Se debe llevar al Código Penal nuevamente los referendos ilegales, y revisar y penalizar todo lo referente a ofensas a los símbolos nacionales, en particular a la Bandera y el Himno nacional.

Entre las prioridades de las nuevas Cortes y Gobierno que se formen, debe estar la reforma de la Ley de Partidos Políticos, imponiendo más democracia interna y compromiso institucional, y teniendo más margen para ilegalizar formaciones antidemocráticas y corruptas. También se debe reformar la Ley General Electoral de suerte tal que se evite la hiperrepresentación de los partidos periféricos y su extorsión. Y también se ha de reformar los Reglamentos de las Cámaras al objeto de evitar que las Cortes se conviertan en un circo: ni camisetas con lemas, ni lazos amarillos, que son una ofensa, ni impresoras.